Por Juan
José Alvarez
La sociedad es insegura si no tiene garantizadas las
oportunidades para desarrollar-se. No es segura si no son claros
los valores por los cuales valga la pena luchar
coti-dianamente.
Luego de un largo proceso de reinstitucionalización del País,
enfrentamos una nueva etapa en la que el Estado y la sociedad
civil deben priorizar una impostergable instan-cia de paz social,
equidad, justicia y bienestar. Una instancia superadora que
complete y complemente el indiscutido crecimiento macroeconómico
que ha protagonizado la Argentina de los últimos años.
Pero esto no será posible si el miedo domina a la sociedad. El
pueblo no sólo le teme a los delitos que manifiestan una carga de
violencia cada vez mayor; existen otros miedos, otras expresiones
de la inseguridad que crecen en los sectores más empo-brecidos de
la sociedad.
El desafío, en el marco de los condicionamientos que impone el
proceso de globaliza-ción mundial, es lograr para nuestro pueblo
formas de crecimiento y desarrollo con jus-ticia social,
adaptando objetivos y políticas a los cambios vertiginosos de la
era del co-nocimiento. Para eso, es imprescindible que el Estado
asuma la responsabilidad de otorgarle seguridad a los ciudadanos
en una tarea que va más allá de evitar delitos y erradicar la
violencia.
La sociedad reclama medidas urgentes para combatir con éxito el
flagelo de la insegu-ridad, aunque la mayoría de los ciudadanos
se resiste a creer que existan posibilida-des ciertas de
concretar este objetivo. Debemos, por tanto, vencer la
indiferencia, la desconfianza y la frustración de la gente.
Si al descreimiento de la gente se le sumara la indiferencia del
Estado, la situación empeoraría de manera insospechada. Hace
falta aplicar medidas, a mediano y largo plazo, destinadas a
combatir las causas de la inseguridad. Pero el miedo no
espera.
Ante esta urgencia es necesario trabajar sobre las consecuencias
sin tomar decisiones apresuradas basadas exclusivamente en el
accionar policial; de hecho, la complejidad de las sociedades
modernas hace poco eficaces las tradicionales formas de lucha
co-ntra el delito. La seguridad pública no es vista ya como un
problema policial o judicial, es un fenómeno social que nos
involucra a todos.
Obviamente existen diferentes niveles de responsabilidad. Debemos
dignificar la labor policial dotándola de mayor preparación
técnica y mejor calidad humana, con un pla-neamiento inteligente
y concertado con respecto a las normas legales y a los derechos
humanos. Para esto también resulta esencial la participación
efectiva de la comunidad, porque sólo desde una profunda actitud
de mutua colaboración en la búsqueda común de alternativas y
soluciones, se puede abordar racionalmente una problemática tan
ur-gente como el mantenimiento de la seguridad urbana.
Este es, sin dudas, uno de los elementos característicos de las
organizaciones policia-les modernas, y esta interrelación con
diferentes entidades sociales, es la que garanti-za el adecuado
control de la manera en que se realice la actividad policial. En
definiti-va, un nuevo modelo de vigilancia basado en la
incorporación de los ciudadanos en forma dinámica y comprometida
en la tarea de prevención.
El Plan de Seguridad que se implementa en esta Municipalidad
tiene un fuerte compo-nente de acciones preventivas, porque
estamos convencidos que la represión, la segu-ridad privada y las
rejas, no son las respuestas adecuadas para erradicar este mal
que afecta a todos los sectores sociales de la comunidad.
Se trata de vencer la desconfianza, salir de la apatía,
fortalecer la cohesión social, la participación popular, ganarle
al miedo, en definitiva: ser libres.
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