miércoles, 22 de mayo de 2013

"La deuda de Solá es la inseguridad"

El diputado nacional Juan José Alvarez (Justicialista Nacional), quien fuera titular de Seguridad en la Provincia, en la Nación y en la Capital Federal, indicó que "Buenos Aires está conurbanizada, desde el punto de vista del delito".

"Ha habido cambios de la A a la Z, sin estaciones intermedias. Ha habido más explicaciones que soluciones. Que la policía bonaerense no tenga conducción es una mala idea. Y, además de mala, es casi única; conozco otros países y en ninguno es así", reflexionó.

Alvarez, que fue reelecto en su cargo legislativo y jurará esta semana, sostuvo, además, que carece de una visión optimista del problema, aunque admite que "no es una situación irrecuperable".

"Los resultados en seguridad están a la vista y son malos; si alguna deuda grave le ha dejado Felipe Solá a la Provincia es la inseguridad", destacó.

"Buenos Aires es insegura. Pero no está en límites irrecuperables. Se ha perdido mucho, pero no es una batalla perdida aún", afirmó.

En relación a las gestiones que realiza en la Cámara de Diputados con otros bloques, dijo que "la oposición a Kirchner fue dividida porque falta un proyecto unificador.

"El oficialismo tiene el encanto de la cercanía del poder y eso unifica. El no formar parte de las estructuras del poder es una barrera; y la tentación es acortar el camino creando alianzas electorales y esto no ha funcionado.

"Por eso, nuestra idea en la Cámara es unificar conceptos para hacer un país, una provincia y una ciudad mejores y no en contra de otro", destacó.

"Vamos a controlar sin ponerle palos en la rueda"

Buenos Aires, 4 de diciembre (Télam). El diputado nacional Juan José Alvarez ratificó hoy que “está muy avanzado”  el armado del interbloque opositor en la Cámara baja y adelantó que ese espacio buscará ejercer “el rol indelegable de controlador” del oficialismo, pero sin “ponerle el palo en la rueda sin razón“.
 
Juan José Alvarez, justicialista disidente, opinó que “sería un grave error” que el objetivo central del interbloque sea apoderarse de la vicepresidencia segunda de la Cámara y criticó al oficialismo por “cambiar de criterio” respecto a qué fuerza le corresponde ese estratégico puesto.
 
Aunque no se definió el nombre del interbloque, Juan José Alvarez dijo que hay consenso para que esté incluida la palabra “Federal“ en la denominación del grupo que estará integrado por PRO, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el Frejuli de Rodríguez Saá y el peronismo disidente que él integra y que fue bautizado como Unión Celeste y Blanca.
 
En una conversación con Télam en su oficina de la calle Quintana, Alvarez explicó hoy que el objetivo del interbloque será “aumentar la productividad legislativa” de la oposición y “generar un espacio con altavoz que permita plantear ideas y diferencias con el oficialismo“. La idea pasa también por incluir bloques unipersonales y no está totalmente descartada la posibilidad de sumar al lavagnismo. “Es probable que seamos cerca de 30 legisladores“, pronosticó.
 
Con todo, opinó que obtener la vicepresidencia segunda de la Cámara “sería una consecuencia y no un objetivo central” ya que “la prioridad es hacer un bloque consistente y no salir a amontonarse porque eso tiene poca vida“.
 
Aceptó con ironía que se imagina “algo aburrido” el rol opositor en el Congreso ante la abrumadora mayoría oficialista, pero consideró que “el sistema es así y no funciona para que todos ganen“. “Vamos a tener el indelegable papel de controladores“, añadió, y dijo descreer que “como opositor uno tenga que estar permanentemente insultando al oficialismo, y diciendo que todo lo que hace es un desastre“.
 
“Tampoco es cierto -aseveró- que quienes somos opositores -un rol que no es fácil, porque somos pocos y con una división importante- somos unos seres salidos de cuevas que lo único que queremos es ponerle palo en la rueda al Ejecutivo“.
 
Aclaró que el interbloque no deberá tener “una mirada electoralista” aunque reconoció que su compañero de bancada Francisco De Narváez piensa en volver a ser candidato en 2009. “Pero pensar en 2011 es inviable en este momento“, aclaró no obstante.
 
El ex secretario de Seguridad porteño y ex intendente de Hurlingham se mostró además partidario de “la reorganización del peronismo“ y rescató la decisión del presidente Néstor Kirchner de anunciar que se dedicará a reestructurar el movimiento cuando deje el poder.
 
También abogó porque a Cristina Kirchner “le vaya bien” porque “desearle lo contrario perjudica a todos“ y consideró que “hay que ayudar y darle crédito al gobierno nacional“ así como también a las nuevas administraciones de la Ciudad y de la provincia, con Mauricio Macri y Daniel Scioli a la cabeza. (Télam)

Decretos: ni necesarios ni urgentes - Diario La Nación

Decretos: ni necesarios ni urgentes
 
Prestigiosos constitucionalistas analizaron los DNU que firmó Kirchner en tres años de gobierno y concluyeron que casi el 90 por ciento no tenía justificación.
   
Néstor Kirchner detesta que lo acusen de autoritario. Dice que ése es el discurso vacío de una oposición perdida. Pero es el Presidente que desde el retorno de la democracia más Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictó por año de mandato. Los DNU son instrumentos normativos que permiten al Presidente legislar de manera excepcional sin dar intervención al Congreso. O sea, sin debate ni deliberación pública.
 
Un trabajo de investigación en el que participó un grupo de prestigiosos constitucionalistas convocados especialmente por LA NACION para analizar los 176 DNU que firmó Kirchner en los primeros tres años de gestión demuestra que los usó para casi todo. Tanto para asuntos trascendentes para el país -como reestatizar la empresa Aguas Argentinas, modificar en forma reiterada el presupuesto nacional, autorizar al ministro del Interior a otorgar subsidios sin control, destinar millones de pesos extra para hacer obras viales en su Santa Cruz natal y otras obras públicas en varias provincias, crear la Policía de Seguridad Aeroportuaria, utilizar las reservas del Banco Central para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o extender por 10 años todas las licencias de radio y televisión- como para cuestiones quizás de menor importancia, como cambiar el nombre del Ministerio de Salud, modificar la fecha de un feriado nacional o sacar de su órbita y pasar a la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Secretaría de Turismo.
 
También, claro, los usó para tomar medidas bien populares a las que difícilmente algún legislador -oficialista u opositor- se habría resistido, como aumentar las jubilaciones, actualizar el monto del salario mínimo vital y móvil y fijar una suma máxima para los sueldos de los funcionarios políticos.
 
En 2003, Kirchner firmó 48 DNU; en 2004, 63; en 2005, 46 y, en los primeros cuatro meses del actual, 19. La gran mayoría se originó y reguló cuestiones de los ministerios de Economía, Trabajo y Planificación Federal. En cambio, contrariamente a lo que indicaría el sentido común cuando uno piensa en "necesidad y urgencia" y recuerda la grave crisis institucional que atravesó la Argentina en 2001, hubo cuatro DNU de las carteras de Desarrollo Social y Justicia, cinco de Educación y Salud y sólo algunos más de Interior y Defensa.
 
Los constitucionalistas consultados por LA NACION concluyeron que en menos del 15 por ciento de los casos la firma de los decretos de Kirchner estuvo justificada y cumplió con los requisitos que establece la Constitución Nacional. El resto -señalaron- debería haber sido un asunto debatido y resuelto por el Congreso.
 
Hace un mes, la senadora Cristina Fernández de Kirchner hizo una extensa y encendida defensa de los DNU. Fue cuando el oficialismo impuso su mayoría en el Congreso para aprobar un proyecto de ley de su autoría que reglamenta el control parlamentario de estos instrumentos excepcionales. Todo el arco opositor cuestionó el texto legal, y algunos legisladores lo calificaron como un grave retroceso para la República porque no fija ningún plazo para que las cámaras ratifiquen o rechacen los decretos presidenciales que, mientras tanto, serán válidos.
 
La reforma constitucional de 1994 estableció en el artículo 99 inciso 3 que "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulen la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia". Luego, la Carta Magna dispone que el jefe de gabinete personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente que, tras la sanción del controvertido proyecto de Cristina Fernández, por fin se constituirá luego de 12 años de demora.
 
LA NACION obtuvo todos los DNU que Kirchner dictó desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 18 de abril del actual gracias a la respuesta que la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia dio a un pedido de acceso a la información pública que presentó la organización no gubernamental CIPPEC con el fin de transparentar el uso de esta herramienta del Poder Ejecutivo Nacional.
 
Luego, convocó a nueve profesores de Derecho Constitucional de distintas casas de estudio y diferente ideología y seis de ellos aceptaron realizar el estudio: el actual secretario general de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, Víctor Bazán; el profesor titular y Doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Walter Carnota; la profesora titular de la UBA Susana Cayuso; el profesor de la UBA y de la Universidad Torcuato Di Tella Roberto Gargarella; la profesora de la UBA y las universidades de San Andrés y Austral Angélica Gelli, y el profesor titular de la UBA Daniel Sabsay.
 
Los decretos fueron distribuidos entre los juristas por fecha, según el orden alfabético de sus apellidos. Bazán analizó los primeros 30 DNU dictados por Kirchner, Carnota los siguientes y así sucesivamente. La consigna que LA NACION les dio a todos fue que revisaran los decretos que les habían sido asignados y señalaran si se cumplían los requisitos de necesidad y urgencia que habilitaban a Kirchner para el dictado de esa norma de excepción.
 
Hubo entre los constitucionalistas criterios más amplios y más restrictivos a la hora de validar o tildar de inconstitucional a los DNU analizados: Gargarella, Gelli y Sabsay, por ejemplo, no encontraron en sus corpus ningún decreto válido; Cayuso sólo señaló uno como aceptable dentro de las facultades presidenciales, Bazán admitió cinco y marcó otros tres como dudosos y Carnota, en cambio, justificó en total 16, casi todos vinculados con cuestiones de seguridad social o laborales.
 
Gargarella señaló que la pregunta original acerca de "cuál de los siguientes DNU se encuentra justificado" presupone una posibilidad que rechaza, y es que en las circunstancias actuales puede ampararse jurídicamente el dictado de algún DNU. Para él, "no existen buenas razones políticas ni constitucionales para apoyar esa posibilidad, y en cambio muchas para objetarla".
 
La primera razón que menciona tiene que ver con la letra explícita de la Constitución de 1994, que fulmina los DNU salvo "cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios" de sanción de una ley, circunstancia en la que obviamente no nos encontramos. La segunda razón se relaciona con la justificación pública de aquella Constitución, que tuvo que ver sobre todo con el compromiso de limitar la discrecionalidad del Ejecutivo.
 
"Si lo que valoramos de la democracia es su componente republicano -orientado a enfrentar todo tipo de dominación política-, tenemos razones adicionales para rechazar la posibilidad de un Ejecutivo fuerte, que acarrea el conocido riesgo de un gobierno con piel de cordero que actúa, cuando quiere, autoritariamente. Y si lo que valoramos de la democracia, en cambio, es su conexión con la deliberación colectiva, entonces también debemos oponernos a los DNU, porque su dictado socava nuestro principal ideal político: escuchar y aprender de las voces opuestas".
 
Finalmente, opina Gargarella, "si lo que nos interesa es preservar el pluralismo, y así al Parlamento como órgano en donde se encuentran representantes de ideologías distintas, intereses opuestos y regiones diferentes, entonces debemos resistir la práctica de los DNU, que bastardea dicha posibilidad. Y la crítica a este argumento no puede ser que ´el Parlamento no funciona , porque si el Parlamento ´no funciona ello se debe, primordialmente, a prácticas como las de los DNU".
 
En definitiva, el constitucionalista concluye que, si no nos enfrentamos a gravísimas catástrofes naturales o tragedias como la del 11 de septiembre (y sólo por el brevísimo tiempo que necesite el Parlamento para reaccionar), los DNU deben ser rechazados necesariamente.
 
Cayuso, algo menos drástica, precisó entre sus conclusiones que, si bien el análisis de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución es suficiente para verificar que "el Poder Ejecutivo no se siente limitado por la norma constitucional y la necesidad de reconocer que los DNU deben ser excepcionales porque se altera el juego democrático", a los efectos de su validez es determinante comprobar si el Congreso los ha ratificado. Si ello fuera así -y lo es en algunos casos-, formalmente se habría cumplido con el artículo 99 inciso 3, sin perjuicio de que pueda discutirse la constitucionalidad del contenido de la norma por afectación a otras reglas y principios constitucionales.
 
¿Qué resolvieron los decretos considerados válidos? Por ejemplo, prohibir el corte por falta de pago del servicio telefónico básico en la zona declarada de desastre luego de las inundaciones de Santa Fe de abril de 2003, o habilitar una contratación directa del Ministerio de Educación con la Casa de Moneda para imprimir los cuadernillos de la Evaluación de la Calidad Educativa de 2003 para evitar que terminara el ciclo lectivo antes de que estuviera listo el material.
 
En cambio, fueron cuestionados en forma casi unánime las más de 20 modificaciones presupuestarias -aumentos y redistribución de partidas- que permitieron a Kirchner decidir a su antojo a qué ministerios y jurisdicciones premiar con fondos extra carentes de control. Sólo en 2005, el Poder Ejecutivo aumentó el presupuesto un 13,9% gracias a los DNU, indica un informe de CIPPEC. Y la ley de superpoderes aprobada esta semana por el Congreso aumenta aún más la discrecionalidad del Gobierno al habilitar al jefe de Gabinete a tomar decisiones presupuestarias que hasta ahora le estaban vedadas.
 
En su análisis, Carnota advierte acerca de una concentración de funciones en el área de la estructura administrativa y de la ejecución presupuestaria. Pero destaca que también hay muchos DNU que se concatenan con políticas y derechos sociales. "No todos los decretos acrecientan el poder presidencial; algunos apuntan a implementar planes asistenciales o de bienestar. En 11 años, el Congreso nunca aumentó las jubilaciones, pese tener expresas facultades", dijo.
 
Kirchner dispuso por decreto prolongar la emergencia alimentaria, la emergencia sanitaria y la ocupacional, que prohibía los despidos y establecía una doble indemnización. También dictó varios DNU para aumentar jubilaciones y pensiones, actualizar el salario mínimo vital y móvil, dar aumentos generales al sector privado, asignaciones especiales a fin de año para desempleados y homologar acuerdos de convenios colectivos de trabajo de distintos sectores de empleados del Estado.
 
En este punto, Sabsay es mucho más crítico que Carnota. Opina que no hay razones para que el Congreso no discuta políticas públicas esenciales, como las laborales o las sociales. "Pienso que esta modalidad sólo busca que la gente le deba favores al Príncipe", dispara. Precisa que en todos los casos analizados por él y en una diversidad de materias, "la justificación del decretista es una repetición ociosa de argumentos que, por reiterados, suenan huecos, y son tomados de lo que literalmente dice el artículo 99 inciso 3 de la Constitución". De esta manera, opina, El Presidente "penetra en materias que, en un Estado constitucional de Derecho, como el nuestro, quedan siempre reservadas al Congreso, como son jubilaciones, salarios, impuestos, subsidios, régimen de personal, etcétera."
 

Conurbano: once años con la tasa de pobreza arriba del 30% - Diario Clarín

LA MACROECONOMIA LUCE ESPLENDIDA, PERO NO PARA TODOS
Conurbano: once años con la tasa de pobreza arriba del 30%
Eso significa padres, hijos y hogares que no conocen otra condición de vida.
 
Por Alcadio Oña
 
Hace once años —desde octubre de 1995— que el índice de pobreza no baja del 30% en los partidos del conurbano bonaerense. El último dato oficial, lo sitúa en 37%.
 
Más grave que ese promedio es la situación en La Matanza, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Almirante Brown o cualquier otra zona del segundo cordón, el GBA 2. En estos once años, allí el índice estuvo casi siempre arriba del 40%.
 
Eso significa, lisa y llanamente, que ya existe un altísimo número de hijos pobres de padres pobres: igual que en otros lugares del país. O, si se prefiere, de hogares que no conocen otra condición de vida que ésa.
 
Podrá alegarse, ciertamente, que hubo épocas peores: los índices mayores al 60% que se habían registrado en octubre de 2002. O poner toda la culpa en las políticas de los 90. Pero la realidad canta, en números aproximados, que en el conurbano existen hoy unas 3,2 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, de las cuales cerca de 2 millones están en el GBA 2.
 
La línea de pobreza está determinada por "el conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales". Y la representa una canasta básica calculada en 859 pesos.
 
Esos 859 pesos fue el salario mínimo que pidió la CGT, en las recientes negociaciones con los empresarios y el Gobierno: logró 760 ahora y 800 desde setiembre. Los fundamentos del planteo se vinculaban al costo de esa canasta, por lo demás muy básica.
 
Según el especialista Ernesto Kritz (El Cronista, 28 de julio), "la lógica del salario mínimo, como política activa de ingresos, es establecer un piso en la estructura salarial para proteger a las categorías más vulnerables de trabajadores". Suena a una regla social difícil de contradecir —más no de contravenir—, por mucho apego que se tenga por las formas del mercado.
 
El problema es que la política de ingresos activa que el Gobierno ha aplicado, a través de los sucesivos aumentos del mínimo, aún deja afuera, casi por completo, al enorme contingente de asalariados en negro o sometidos a condiciones laborales precarias: más de 4 millones de personas.
 
Allí es, precisamente, donde el rasgo dominante es la pobreza, aun cuando se tenga empleo. El salario en negro no llega a cubrir el 60% de la canasta básica y representa menos de la mitad del sueldo en blanco promedio.
 
Semejante desestructuración al interior de la fuerza laboral ha barrido con otra regla tradicional: que el trabajo en negro funcione como un amortiguador temporario para quienes quedan fuera del sistema formal.
 
Trabajo en negro significa, hoy, remuneraciones muy bajas e inestables, ausencia de derechos laborales esenciales, condiciones de vida precarias y, encima, riesgo permanente a quedar sin empleo. Hay quienes calculan que en este segmento la desocupación pasa el 20%.
 
Donde, si se quiere, se ha notado un cambio de tendencia es en sectores de clase media baja. Allí, en algunas capas de ingresos la pobreza, todavía muy alta, bajó a la mitad —entre 2003 y 2005— y en otras, prácticamente desapareció. Pero en los estratos inferiores de la pirámide la situación incluso empeoró: consecuentemente, siguen hundidos en la pobreza tanto o más que antes.
 
Así, la primera conclusión que salta a la vista es que estos 50 meses de crecimiento económico fuerte e ininterrumpido no han derramado frutos equitativamente. Otra, que para los sectores más desprotegidos la potencia de la recuperación no es ni parecido al impacto que les ocasionó la crisis. Y una tercera, pariente de las otras dos, es que, aún con sus cualidades, el actual modelo no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de enormes capas de la población.
 
Suena evidente, entonces, la necesidad de instrumentar políticas específicas —entre ellas, la capacitación— de modo de incluir a millones de personas hoy en los márgenes del sistema. Y aun si se mirara esta película desde la platea, es bien sabido que la pobreza estructural y la exclusión suelen manifestarse de las maneras más indeseadas. La conclusión es que los grandes números de la macroeconomía lucen espléndidos, pero no para todos.
 
Juan Jose Alvarez

Sesión Inaugural de la Corte Penal Internacional

El Primer Ministro de Holanda Jan Peter Balkenende, invitó a participar al Dr. Juanjo Alvarez, de la sesión inaugural de la Corte Penal Internacional, como Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El 11 de marzo de 2003, en La Haya, los 18 jueces elegidos por la Asamblea de Estados Partes para períodos de hasta nueve años, prestararon juramento durante la sesión inaugural de la Corte Penal Internaciona

Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales

Designación a Juan Jose Alvarez como Miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, "en reconocimiento a sus valores personales y su destacada actuación pública".

Apertura seminario sobre seguridad y derechos humanos

Siendo Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Juan José Alvarez inauguró el Primer Seminario sobre Seguridad y Derechos Humanos, organizado por dicho Ministerio, la Embajada de Holanda y la Fundación Aha Frank.

Invitado por la UCA, disertó sobre “El modelo de Estado que la Argentina necesita para esta etapa

Invitado por la Universidad Católica Argentina, Juan Jose Alvarez, disertó el 25 de Agosto sobre la reforma del Estado: “El modelo de Estado que la Argentina necesita para esta nueva etapa”. La exposición se enmarcó en las actividades programadas como parte del segundo seminario del ciclo “Hacia el bicentenario: los desafíos estructurales de la Argentina”, realizada en coordinación con la fundación Konrad Adenauer. Compartió el panel con el Prof. Hugo Dalbosco, Universidad Católica Argentina, con el Ing. Mauricio Macri, Presidente de Compromiso para el Cambio, y con el Dr. Juan Carlos Romero, Gobernador de Salta.

Discurso del Sr. Intendente de Hurlingham, Dr. Juan José Alvarez, con motivo de la Inauguración de la Tercera Expo – PyMEs.

Autoridades ya mencionadadas.
Señor presidente del Concejo Deliberante
Señores concejales.
Señores miembros de las cámaras de comercio e industria de nuestras ciudades de
Hurlingham, William Morris y de esta, nuestra ciudad de Villa Tesei.
Es cierto que tal vez no sea este el lugar para hablar de ciertas cosas, tal vez sea cierto
que no sea el día, el momento, cuando estamos por recordar el día de la industria.
Pero no es menos cierto que en el ánimo de nosotros se abate la desilusión y en muchos
la desesperanza. Y somos hombres y mujeres que no podemos marginarnos de lo que
nos pasa alrededor.
Yo quiero decir desde acá, y creo en esto representar a gran parte de la dirigencia
política y no política de nuestro distrito, que somos los primeros que queremos un
rápido, pronto, serio esclarecimiento de cuestiones que nos golpean muy duro.
No vamos, ni pretendemos, ni permitiremos que se hagan linchamientos mediáticos.
Pero tampoco queremos que las cosas queden en la nada, así porque sí.
Es cierto también que mientras tanto y cada uno en función de su responsabilidad,
nosotros debemos seguir trabajando.
Hay una situación económica que no es achacable a los últimos días, ni a los últimos
meses, pero que en todo caso, ya hace practicamente dos años que viene golpeando muy
duro en los bolsillos de nuestras pequeñas y medianas empresas, que es lo mismo que
decir en los bolsillos de la gran mayoría de los argentinos.
Argentinos que estamos comprometidos con nuestros intereses y con nuestros afectos
para que al país en su conjunto le vaya bien, y no tenemos la posibilidad que tienen unos
pocos de cambiar rapidamente su escenario de interés económico en función de quien le
permite mayor tasa de retorno, mayor tasa de ganancia.
Porque no se trata solamente de eso si no que se trata fundamentalmente de la
generación de aquel elemento insustituible de cohesión social como es el trabajo.
El trabajo es mucho mas que la forma de ganar un salario para cubrir las necesidades
que todo hombre, que toda familia tiene.
Es el factor insustituible para sentirse formando parte de una comunidad.
Y es por eso entonces, que quienes tenemos responsabilidades políticas debemos hacer
un enorme esfuerzo para permitir que quienes legítimamente pretenden un lucro,
también, socialmente, generen un valor agregado para toda la comunidad.
Es por eso que nosotros propugnamos un Estado que no se mantenga ausente de lo que
está sucediendo, sino que fundamentalmente tome parte en esta política de reactivar la
actividad económica.
Queremos un Estado que se vuelva a preocupar por lo social, pero no por ello que se
convierta en un monstruo burocrático pesado y gravoso para los bolsillos de los
argentinos y este es, queridas amigas, amigos, vecinas y vecinos, nuestro desafío de los
próximos tiempos: dar eficiencia, sin olvidar la solidaridad, dar rentabilidad económica,
pero sin olvidar la justa distribución de los recursos, para que lleguen a todos y no se
queden en los bolsillos de algunos.
Nosotros tuvimos la habilidad de organizar un municipio, con las virtudes y con los
defectos de lo que hemos podido hacer, que tienen la velentía de estar claramente a la
vista.
Nos comprometimos hace tres años a hacer algo más que una comida para el día de la
industria.
Nos comprometimos con verdaderos emprendedores como son nuestros Pymes, a hacer
lo que en ese momento fue la primera exposición.
Cuarenta expositores, un enorme esfuerzo, muchos éxitos, mucho para aprender, fue el
saldo de aquella primera muestra.
No es solamente una cuestión de deseos, es una cuestión que hay que trabajar. Y este
municipio, sus concejales, sus funcionarios, no les quepa la menor duda, van a trabajar
para ello.
Dejo oficialmente inaugurada, la tercera Expo – PyMEs del Partido de Hurlingham.
Mucha Gracias
Juanjo Alvarez

Palabras del Sr. Intendente de Hurlingham, Dr. Juan José Alvarez, Acto de Homenaje por el Día Internacional de la Mujer.

En primer lugar, buenas tardes y feliz día.
Quería decirles, simplemente, que me siento muy contento y muy honrado de estar
hoy acá con ustedes.
Con franqueza, también les digo que no entiendo muy bien por qué tiene que haber
un día. Creo que tiene que haber “todos los días”, creo que a la Argentina le sobra
presencia masculina y le falta presencia femenina y que esto se nota y se nota muy
bien.
Se nota claramente en las actitudes, en la violencia que se vive en nuestra sociedad.
Se nota claramente en esa cantidad de chicos que se han quedado sin su madre como
referencia, producto, seguramente, de políticas que no ayudan a que integremos a la
familia.
Se nota claramente cuando, y lo digo con mucho orgullo, en municipios como este
tenemos tanta presencia femenina. No solamente en cargos políticos, no solamente en
cargos administrativos, sino básicamente en nuestras ONG´s, en nuestros Centros de
Jubilados, en nuestras manzaneras, nuestras trabajadoras vecinales y tantas mujeres
que ocupan puestos importantes como profesionales, que ocupan puestos importantes
en empresas de nuestra zona. Y creo que esto se nota.
Sin querer convertir este Día Internacional de la Mujer en un acto partidario, muy
lejos de mí está esta intención, creo que compartimos todos aquellos que nos hemos
formado políticamente en el justicialismo, que tenemos casi una deformación, porque
tenemos esa referencia tan presente cuando hablamos de la mujer que fue Eva Perón.
Esto es tan determinante que a veces somos hasta injustos con quienes, tal vez con
menos fama, tal vez con menos conocimiento por parte de nuestra historia, a veces
relegamos. Pero Eva Perón es indudablemente una referencia y una referencia que
trasciende al justicialismo.
Y yo digo, y me adelanto a lo que voy a decir esta tarde en un acto que tenemos si de
carácter político partidario, digo que no es casualidad que el justicialismo sea tan
difícil para algunos de entender ideológicamente. Porque quieren juzgarlo con
patrones de otros movimientos que han creado siempre los hombres y es seguramente
el justicialista, el movimiento político que más influencia ha tenido de una mujer.
Y por eso es que a veces no se entiende cabalmente, porque lo juzgan con otro
criterio y se olvidan de que más allá de las ideologías, más allá de las doctrinas
políticas, hay una metodología donde se nota la mano de la mujer y de ahí la
solidaridad, de ahí el amor al prójimo, de ahí toda estas cosas que las mujeres
representan y que el justicialismo expresa como características esenciales.
A mi no me gusta halagar a las mujeres o halagar a los jóvenes y terminar en el
halago. Creo que tenemos que trabajar todos los días para darles el lugar que les
corresponde y a mí me pone muy contento, creo que el Presidente del HCD, que me
acompaña, comparte estas palabras conmigo, que nosotros en Hurlingham nos
hallamos sentido permanentemente acompañados, fundamentalmente por nuestras
vecinas.
Yo recuerdo cuando nosotros empezamos el largo camino político para llegar al
gobierno municipal, en las reuniones que organizábamos para hacer conocer nuestras
propuestas, bastante poco numerosas al principio, íbamos a una casa y había seis,
siete, ocho personas esperándonos para conversar, y muchas veces esas seis, siete u
ocho personas eran mujeres.
Y cuando nosotros hacemos nuestra recorrida por los barrios, generalmente hay una
gran presencia femenina.
Cuando en las elecciones vemos los resultados, sobre todo los resultados que vienen
de las mesas femeninas, vemos que de ahí viene un mayor apoyo a nuestras políticas
de gobierno, a nuestras candidaturas.
Y por qué, por que creemos nosotros que es así?. Estoy convencido que tiene que ver
con que nosotros tratamos de hablar de cosas concretas, de problemas concretos que
tiene la gente y quien primero recepciona ese problema concreto, el primero que tiene
la necesidad de pedir y hasta de gritar por esa necesidad, en la enorme mayoría de los
casos es una mujer.
Esto es lo que nosotros queremos rescatar. Esto es lo que simplemente y en
poquísimas palabras yo quería venir a decir y creo, repito, en mi nombre, abarcar a
quienes estamos trabajando por un proyecto que tiene que ver, fundamentalmente,
con la calidad de vida de la gente.
Nosotros hemos, en muchos aspectos, y hasta hemos recibido críticas por ello, des
ideologizado muchas cuestiones. Pero yo le pregunto a la gente que nos critica por
eso, cuando una trabajadora vecinal, a la madrugada, recibe su leche, cuando la
reparte, cuando una enfermera o una médica atiende a un herido, a un enfermo, yo
pregunto, que tiene que ver acá la ideología, o acaso no lo hace de la mejor manera
posible?
Yo no se a que partido político van a votar esas criaturas que nuestras trabajadoras y
nuestras asistentes ayudan, lo que si se es que si hacemos bien las cosas van a crecer
sanos, van a crecer en familia y de esta manera vamos a tener un país mejor, y
entonces, como van a tener vida, como van a tener dignidad, van a poder elegir
libremente lo que más les conviene.
De esto se trata. Se trata de darle a esto un espíritu, un afecto y un cariño que
cualquier hombre bien nacido sabe que aprehendió de su madre, cualquier hombre
bien nacido sabe que eso es lo que su esposa, su compañera, le da a sus hijos, y
cualquier hijo sabe que de esta manera se hace una sociedad.
Una sociedad es querer vivir juntos, una sociedad es querernos y querer seguir siendo
unos partes de otros.
Con nuestras individualidades, con nuestras diferencias, pero fundamentalmente con
un concepto común y es, quiero vivir con el otro, necesito del otro para ser yo, no
existe el hombre solo, aislado, ese individualismo extremo que ha roto a las familias
y que ahora va en busca del hombre individual.
La mujer es la que sabe y la que nos hace saber que nosotros valemos por lo que
somos y no por lo que tenemos. Eso lo conoce bien una madre que sabe que su hijo es
lo más importante del mundo.
Por eso, todos nosotros juntos, hoy simplemente venimos a rendir un homenaje a
ustedes que representan una parte importante del quehacer de nuestra comunidad y
por eso me enorgullezco de todas estas vecinas, muchas de ellas compañeras políticas
y otras con las que podemos mantener diferencias, pero todas con una cosa en común
y es que queremos salir para adelante. Que no nos rendimos, que sabemos de las
dificultades pero que también sabemos que juntos, solidariamente, con amor,
podemos salir adelante.
Que tengan, el ocho de marzo, el nueve, el diez, todos los días, un feliz día de la
mujer, porque todos lo necesitamos.
Hasta luego. Muchas gracias.

Vivir con miedo es perder la libertad

Por Juan José Alvarez
La sociedad es insegura si no tiene garantizadas las oportunidades para desarrollar-se. No es segura si no son claros los valores por los cuales valga la pena luchar coti-dianamente.
Luego de un largo proceso de reinstitucionalización del País, enfrentamos una nueva etapa en la que el Estado y la sociedad civil deben priorizar una impostergable instan-cia de paz social, equidad, justicia y bienestar. Una instancia superadora que complete y complemente el indiscutido crecimiento macroeconómico que ha protagonizado la Argentina de los últimos años.
Pero esto no será posible si el miedo domina a la sociedad. El pueblo no sólo le teme a los delitos que manifiestan una carga de violencia cada vez mayor; existen otros miedos, otras expresiones de la inseguridad que crecen en los sectores más empo-brecidos de la sociedad.
El desafío, en el marco de los condicionamientos que impone el proceso de globaliza-ción mundial, es lograr para nuestro pueblo formas de crecimiento y desarrollo con jus-ticia social, adaptando objetivos y políticas a los cambios vertiginosos de la era del co-nocimiento. Para eso, es imprescindible que el Estado asuma la responsabilidad de otorgarle seguridad a los ciudadanos en una tarea que va más allá de evitar delitos y erradicar la violencia.
La sociedad reclama medidas urgentes para combatir con éxito el flagelo de la insegu-ridad, aunque la mayoría de los ciudadanos se resiste a creer que existan posibilida-des ciertas de concretar este objetivo. Debemos, por tanto, vencer la indiferencia, la desconfianza y la frustración de la gente.
Si al descreimiento de la gente se le sumara la indiferencia del Estado, la situación empeoraría de manera insospechada. Hace falta aplicar medidas, a mediano y largo plazo, destinadas a combatir las causas de la inseguridad. Pero el miedo no espera.
Ante esta urgencia es necesario trabajar sobre las consecuencias sin tomar decisiones apresuradas basadas exclusivamente en el accionar policial; de hecho, la complejidad de las sociedades modernas hace poco eficaces las tradicionales formas de lucha co-ntra el delito. La seguridad pública no es vista ya como un problema policial o judicial, es un fenómeno social que nos involucra a todos.
Obviamente existen diferentes niveles de responsabilidad. Debemos dignificar la labor policial dotándola de mayor preparación técnica y mejor calidad humana, con un pla-neamiento inteligente y concertado con respecto a las normas legales y a los derechos humanos. Para esto también resulta esencial la participación efectiva de la comunidad, porque sólo desde una profunda actitud de mutua colaboración en la búsqueda común de alternativas y soluciones, se puede abordar racionalmente una problemática tan ur-gente como el mantenimiento de la seguridad urbana.
Este es, sin dudas, uno de los elementos característicos de las organizaciones policia-les modernas, y esta interrelación con diferentes entidades sociales, es la que garanti-za el adecuado control de la manera en que se realice la actividad policial. En definiti-va, un nuevo modelo de vigilancia basado en la incorporación de los ciudadanos en forma dinámica y comprometida en la tarea de prevención.
El Plan de Seguridad que se implementa en esta Municipalidad tiene un fuerte compo-nente de acciones preventivas, porque estamos convencidos que la represión, la segu-ridad privada y las rejas, no son las respuestas adecuadas para erradicar este mal que afecta a todos los sectores sociales de la comunidad.
Se trata de vencer la desconfianza, salir de la apatía, fortalecer la cohesión social, la participación popular, ganarle al miedo, en definitiva: ser libres.

Documento para Diálogo Argentino

PRÓLOGO escrito por el Dr. Juan José Álvarez, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

La constitución de la Mesa Permanente de Justicia, convocada en el marco del Diálogo Argentino, se ha consolidado como un ámbito de discusión y un brazo ejecutor de propuestas y acciones orientadas a dar respuesta a una de las más notorias demandas de la ciudadanía, contar con un sistema judicial independiente, eficiente y de fácil acceso para todos.

En estos meses tan críticos para nuestro país y el conjunto de la sociedad, el objetivo central de todos aquellos que debimos asumir responsabilidades de gobierno estuvo centrado en sacar a la Argentina de la emergencia, recomponer la paz social, reparar la institucionalidad gravemente dañada, asistir a los millones de argentinos a los que la eclosión de la crisis dejó en estado más vulnerable, en definitiva, trabajar, día por día, afrontando las urgencias que la etapa imponía. A pesar de ello no perdimos de vista lo trascendente y estratégico. No quisimos, amparados en la justificación de las urgencias, restarle compromiso a lo importante.

La construcción de consensos en materia de reformas del sistema de justicia argentino, elaborado arduamente en un contexto difícil por un conjunto de actores heterogéneo que se dio en el marco de la Mesa Permanente de Justicia, nos permite mirar el futuro con optimismo. Habla de la capacidad de los argentinos de abordar problemas estructurales en base al diálogo, de la posibilidad de encarar lo estratégico en situaciones desfavorables, de que los acuerdos amplios para construir un futuro mejor son factibles cuando existe compromiso, decisión, generosidad y vocación de servicio. Quiero agradecer a todos los actores que han participado activamente en este espacio, tanto del sector público como de la sociedad civil.

Podemos decir que nuestro primer objetivo ha sido cumplido: entregaremos al gobierno entrante, luego de superada la emergencia institucional y lo peor de la crisis estructural, una visión clara y consensuada de la Justicia que todos queremos, un abanico de acciones en marcha para hacer de esa visión una pronta realidad y un genuino espacio para hacer de esta actividad un ejercicio constante, ya que el fortalecimiento del sistema judicial así lo merece.

Pero más que esto, el trabajo de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino le entrega a la sociedad toda un modelo de construcción de consensos para la formulación de políticas de estado y, a futuro, la esperanza de una Argentina con mejor calidad institucional y un sistema de justicia legitimado en la consideración de los ciudadanos.

Una política contra el terrorismo

Por Juanjo Alvarez
Es tiempo de definir una política contraterrorista clara, comprehensiva y consensuada.
El fenómeno terrorista debe ser considerado como un hecho criminal complejo, y no una agresión de guerra, sea interna o externa, que desarrolla acciones dirigidas a poner en peligro la vida, integridad física o libertad, o causar estragos; generado por móviles especiales: político-ideológicos, religiosos, étnicos, etc.; con el fin de producir alarma, temor colectivo o coacción; mediante el empleo de armas o elementos de elevado poder ofensivo y perpetradas por integrantes de organizaciones constituidas a tal fin.
Esto significa que los medios a emplear en una política contra-terrorista son las fuerzas de seguridad y policiales —no las fuerzas armadas—, que el marco legal que regula el empleo de dichos medios es la legislación interna (Código procesal y penal, más legislación especial y convenios internacionales), y que los procedimientos de empleo de dichos medios no sólo están bajo control político sino también judicial.
No por dejar de participar en operaciones de mantenimiento de paz o abandonar el involucramiento multilateral en escenarios conflictivos dejaremos de ser blancos potenciales del terrorismo. En otras palabras, la selección de los blancos no reconoce necesariamente una lógica político sino operativa; esto es, golpean allí donde pueden causar más muertes que luego puedan ser retransmitidas a toda la aldea global.
La única manera de reducir las probabilidades de ser blanco potencial es disminuir nuestras vulnerabilidades mediante estrategias de prevención y represión. Para ello, deben tenerse bien presente ciertas pautas.
Primero, una política contraterrorista efectiva no depende de la restricción de libertades individuales. Segundo, debe ser integral y atender tanto la prevención como la conjuración.
Tercero, una política efectiva tiene que ir acompañada de un fuerte control político. Dado que se requiere información secreta y procedimientos encubiertos para ser eficaz, es necesario contemplar los mecanismos de control sobre las agencias encargadas.
En las repúblicas democráticas consolidadas, este control les corresponde a los representantes del pueblo —los legisladores—. Esto es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones que buscamos defender.

Menores en conflicto: Hacia una política integral

Por Dr. Juan Jose Álvarez
En los últimos años venimos percibiendo un notorio incremento en la participación de menores en hechos delictivos, con el agravante de que muchos de estos casos están acompañados con un grado de violencia alarmante, sensibilizándonos aún más respecto al problema de inseguri-dad.
El régimen jurídico de la minoridad en conflicto con la ley fue ideado cuando la seguridad en general, y la participación de los menores en particular, eran un fenómeno y un problema mar-ginal en la sociedad. Hasta principios de los noventa la Argentina gozaba de estándares de se-guridad mejores al de muchas ciudades europeas.
Conforme a dicha realidad se montó el régimen jurídico especial y el entramado institucional que aplica dicho régimen: los juzgados de menores y los institutos de menores. Es decir, todo estuvo impregnado por una realidad que hoy ya no es.
Este es uno de los problemas de los menores en conflicto con la ley penal.
Así es como cada vez que hechos de violencia en los que se encuentran involucrados menores cobran notoria entidad pública, diversas voces se alzan solicitando bajar la edad de inimputabi-lidad, derogar el régimen existente, y cuestiones similares, todas las cuales se caracterizan por reducir la solución a un cambio legislativo. Si el problema de la seguridad en general, y de la delincuencia asociada con menores de edad en particular, se redujese a incrementos de penas, dupliquemos inmediatamente las penas previstas en el Código Penal y sentémonos a esperar los resultados. Todos sabemos que esta seria una solución, cuanto menos, falaz.
Si perjuicio de considerar los cambios en la legislación de fondo y en las normas de procedi-miento que se requiere en función del nuevo contexto, no es recomendable -según la visión que sostengo del problema- reducir la política de seguridad a la política de penal o legislativa del Estado argentino. Por el contrario, debemos encarar el problema de la inseguridad de ma-nera integral, dado que el problema que se nos presente reviste múltiples facetas, dentro de las cuales encontramos cuestiones económicas y sociales. Este punto es de vital importancia para acercarnos a la solución que necesitamos.
En efecto, no podemos soslayar la difícil situación económica que atravesamos, lo que no habi-lita a sostener que hasta tanto nos e resuelva dicha situación, debemos relegar nuestras de-mandas de seguridad para otro momento.
La virtud se ubica, como sostenía Aristóteles, en el justo medio. El Estado debe dar cuenta de este problema, no obstante, la solución debe entender y comprender la situación social y eco-nómica excepcional por la que atravesamos. A situación excepcional, solución excepcional.
Esto significa que mientras discutimos qué régimen legal moderno y actualizado debe aplicársele a la minoridad en conflicto con la ley penal -función propia del área a mi cargo-, también debemos pensar que intervenciones preventivas –tanto de las áreas sociales, de salud o educación- deben diseñarse e implementarse para evitar que nuevos menores ingresen en la actividad criminal.
Más allá que pueda resultar una obviedad recordar que en los menores de hoy, se encuentra la sociedad que nos sigue, no es un dato menor asumir con enorme responsabilidad que estamos trabajando hoy, sobre la sociedad futura.
En este marco debe discutirse una política integral referida a este segmento de la población, uno de los más golpeados por la crisis que atravesamos.

Control de armas: Primeros pasos de una política de Estado

Por Dr. Juan José Álvarez

Mucho se habla, y desde hace bastante tiempo sobre diversas recetas para recuperar los ni-veles de seguridad que la Argentina tuvo hasta hace algo más de una década.
Desde comienzos de mi gestión vengo sosteniendo el peligro de recurrir a soluciones fáciles, inmediatas, como si obrasen como expedientes idóneos para dar cuenta de esta importante demanda de la población.
No hay, no existe en seguridad, soluciones que se obtengan de un día para el otro, dado que los problemas y factores que produjeron este aumento en la amenaza a nuestra seguridad sur-gen de un proceso de larga data.
Para volver al nivel de seguridad del que gozábamos hace algún tiempo, debemos revertir di-cho proceso de deterioro, echando mano no sólo a la fuerza pública con la que cuenta el Go-bierno para hacer cumplir la ley, sino también, a aquellas acciones que eviten que más y más gente ingrese a la actividad criminal, por un lado, y disuada a los delincuentes, por otro. Es de-cir, cada vez es más importante actuar antes que el delito ocurra.
En esta inteligencia vinimos trabajando desde comienzos de año, en orden a construir con las distintas fuerzas políticas y actores involucrados en la problemática, consensos básicos que permitan dictar políticas de Estado en la materia. En este marco surge la propuesta de actuali-zar la política de control de armas del Estado nacional.
La mentada propuesta de política pública involucra los distintos aspectos que conforman la problemática del control, regulación y fiscalización del mercado de armas de fuego en la Argen-tina. Si bien la atención pública se ha centrado en la elevación de la pena para aquellos que porten ilegalmente armas de uso civil, el trabajo realizado con la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, y su par en el Senado de la Nación, no se agota en este punto.
En primer lugar, la modificación del artículo 189 bis del Código Penal se orienta a complemen-tar la actividad policial preventiva realizada a través de los operativos de seguridad en la Capi-tal Federal y sus accesos. Dichos operativos buscan obstaculizar la comisión de los delitos, lo que significa incrementar el riesgo de los delincuentes. Con la equiparación de la portación de armas ilegales de uso civil a las de guerra –tal es la distinción que existe hoy en la legislación- estamos, a su vez, incrementando el costo del delincuente que salga a la calle con un arma. De tal forma aumentamos la capacidad de disuasión del Estado, con lo cual estamos interviniendo antes que el delincuente use el arma, y no después cuando las consecuencias pueden ser irre-parables. A la par, estamos incorporando figuras penales hoy inexistentes referidas a la fabri-cación, tráfico y comercialización ilegal de armas, tema que en muchos agendas internaciona-les figura como una de las nuevas amenazas.
Asimismo, otro de los puntos de los proyectos que integran esta propuesta tiene que ver con el incremento en la capacidad de fiscalización y control del mercado legal de armas, dado que los “filtros” o fallas que aquí se tengan alimentan el mercado ilegal, una de las principales fuentes de la violencia criminal. Junto con ello se encuentra la necesidad de mejorar los estándares de seguridad de los depósitos de armas confiscadas, pues según información suministrado por las fuerzas de seguridad, dichos estándares son sumamente asimétricos en todo el país.
En resumen, el trabajo conjunto con las comisiones legislativas de ambas cámaras es el punto de partida para una serie de líneas de trabajo que den como resultado la construcción de una
política de Estado en materia de seguridad. Como dije oportunamente, no existen soluciones mágicas ni eslóganes publicitarios que por el solo hecho de recitarlos transformen la realidad. Sólo existe trabajo, decisión y conducción. Este último es nuestro camino.

Crisis de gobernabilidad y control en la Argentina

Fragmento del trabajo realizado por el diputado nacional Juan Jose Alvarez, en el que analiza en profundidad y diagnostica con precisión la situación actual de las instituciones que conforman los tres poderes del Estado, para así exponer las soluciones de fondo que cree necesarias para dotar de una mejor calidad político-institucional a nuestro país. Con visión crítica, el Dr. Alvarez considera que “la calidad del la política y de los procesos y las instituciones políticas deben ser considerados como las variables explicativas de la incapacidad que ha mostrado la Argentina en los últimos veinte años de democracia, para dar cuenta de los problemas que constituyen obstáculos para nuestro desarrollo integral”. Así, propone –como puntapié inicial- la conformación de una agenda estratégica de reforma de nuestro sistema político, basada en el consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales de la Nación, bajo la premisa del fortalecimiento del Estado en sus dos funciones esenciales:la gobernabilidad y el control.
 
Para mayor información, ver http://catalogo.ciudadargentina.com.ar

Declaración ante la Legislatura Porteña para informar sobre la situación del área de Seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En su carácter de ex secretario de Seguridad y Justicia porteño, Juanjo Alvarez declaró como testigo en el juicio político que se le sustanció al jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Afirmó que en esa secretaría "había gente valiosa, mecanismos adecuados, gente con nivel de formación correcto, pero no alcanzó".

Alvarez señaló que, cuando asumió el 7 de enero de 2005, ocho días después del incendio que causó 194 muertes en el local Cromañón, "no es que no existía nada" en esa dependencia comunal: "sobre la estructura que había, teníamos que redireccionarla en función de la situación concreta y lo que son mis criterios objetivos con los cuales gestiono".

El Dr. Alvarez participó del IV Foro Mundial del Agua

El diputado nacional Juan José Alvarez participó en representación del Parlamento argentino del IV Foro Mundial del Agua, que se llevó a cabo del 16 al 22 de marzo en la Ciudad de México.
 
El Foro Mundial del Agua es una iniciativa del Consejo Mundial del Agua (CMA) que tiene el objetivo de despertar la conciencia sobre los asuntos del agua en todo el mundo. Como el evento internacional más importante sobre el tema, el Foro busca propiciar la participación y diálogo de múltiples actores con el fin de influir en la elaboración de políticas a nivel global.
 
Alvarez fue invitado por Marcela González Salas y Petricioli y Enrique Jackson Ramírez, presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores mexicanos, respectivamente, ya que las actividades del Foro comprendieron, por primera vez, reuniones de carácter parlamentario.
 
En ese sentido, durante los encuentros previstos para los días 19, 20 y 21 de marzo, a los que concurriól diputado argentino, representantes parlamentarios de todo el mundo debatieron sobre los ejes temáticos “Agua para el Crecimiento y Desarrollo” y “Desarrollo Institucional y Procesos Políticos”.
 
Este año, el tema central del Foro fue “Acciones Locales para un reto Global”.

Trayectoria de Juanjo Alvarez

Promediando la primera gestión de Juanjo Alvarez como intendente, es convocado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires para asumir la conducción de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y Formación del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. En junio de 1998 reasumió la intendencia de Hurlingham y en las elecciones generales del 24 de octubre de 1999 su gestión y liderazgo es plebiscitado al ser reelegido como Intendente de Hurlingham por el voto del 57 por ciento de sus vecinos. 

Además del apoyo evidenciado en las urnas, su tarea como intendente y su política de “participación popular, equilibrio presupuestario y transparencia administrativa”, tales los ejes que definió para el desarrollo de su gestión, fue motivo de estudio por parte de la Universidad de Harvard, allí quedó registrado como Caso de Estudio C14-99-1493.0, en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy del mencionado prestigioso centro académico norteamericano, en el marco del análisis de casos exitosos de gestión local y división de municipios.
 
La administración municipal de Hurlingham también fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud y en esa materia logró en julio de 2000, el primer premio a las políticas de Salud en el XI Congreso Internacional de Políticas de Salud y el VIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social realizados en La Habana, Cuba.
 
En octubre del año 2001, en el marco en una crisis muy profunda de todos los ámbitos de la vida del país, acepta el desafío de asumir como Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
 
El 23 de diciembre de 2001, luego de la renuncia del Presidente de la República, es designado por las nuevas autoridades como Secretario de Seguridad Interior de la Nación. Tal designación, concretada luego de los trágicos episodios ocurridos durante los últimos días del gobierno de Fernando de la Rúa, terminan conformando un reconocimiento a la prudencia y sensatez con que gestionó la seguridad pública en su jurisdicción en el marco de aquel estallido social generalizado, imponiendo a partir de allí el criterio de “no criminalizar la protesta” originada en el conflicto social.
 
En julio de 2002 es designado por el presidente Eduardo Duhalde como Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, cargo que desempeñó hasta el cambio de administración producido el 25 de mayo de 2003.
 
A fines del mismo año 2003, asume por breve lapso como Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, desde donde condujo el diseño y la puesta en marcha del Plan Director de Seguridad Pública.
 
En los primeros días de 2005 fue convocado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a raíz de la crisis provocada por la tragedia del local bailable “Cromagnón”, para reformular integralmente la Secretaría de Seguridad porteña. Durante los cuatro meses que comprometió su trabajo, el modelo de gestión implementado no sólo cambió sustancialmente el sistema de seguridad de la Capital argentina, sino que fue tomado como base para el resto de las jurisdicciones.
 
Cumplido el período comprometido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renuncia para reasumir el mandato con el que Juan Jose Alvarez  fue honrado por el pueblo de la Provincia de Buenos Aires: Diputado Nacional para el período 2003-2007.

Un poco de Juan Jose Alvarez


Juan José Alvarez nació el 25 de mayo de 1955 en la Ciudad de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires. Es el primer hijo de José María y Mabel y el hermano mayor de Gonzalo. Está casado hace 25 años con Graciela Mercado y tiene cinco hijos: Juan Manuel, Pilar, Rodrigo, José Ignacio y Sol María.
 
El Dr. Alvarez es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina.

Actualmente se desempeña como Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires para el período 2003-2007.
 
Paralelamente, es titular del Partido Justicialista de Hurlingham, Congresal Nacional del PJ y Presidente honorario de la “Fundación Tito Lusiardo”, bautizada de esta manera en homenaje a la figura de su abuelo materno, y cuya función social principal consiste en el desarrollo de acciones y programas destinados a la tercera edad.
 
La trayectoria pública del Dr. Juan José Alvarez se inicia con el advenimiento de la democracia. En el año 1984 asesora al Bloque de Diputados Justicialistas en el Parlamento Nacional.
 
En 1989 es elegido Elector Nacional por la provincia de Buenos Aires, integrando de esta manera el Colegio Electoral que terminaría consagrando a la fórmula conformada por Carlos Menem y Eduardo Duhalde para la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación. 

Con la llegada al gobierno del Justicialismo, es designado Superintendente Nacional de Fronteras en el Ministerio de Defensa.
 
Posteriormente se desempeña como Interventor de la DAS - Dirección de Ayuda Social (obra social del Congreso Nacional), gestión durante la cual se logra el equilibrio presupuestario del organismo y se optimizan los servicios de prestación a los afiliados.
 
Entre 1991 y 1993 fue miembro del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, siendo el Director más joven en la historia de la entidad.
 
Seguidamente, como Subsecretario de la Función Pública de la Presidencia de la Nación, trabajó en la elaboración y puesta en funcionamiento de programas vinculados a la “Modernización Pública” y la “Calidad Total en la Administración”.
 
El gran punto de inflexión en su desarrollo domo dirigente político se da en 1995, al ganar las elecciones generales que lo consagrarían como el primer Intendente del municipio de Hurlingham, el que había sido creado recientemente como resultado de la división del antiguo municipio de Morón. Es así como el 10 de diciembre de aquel año cumple el sueño de asumir como jefe comunal de la ciudad que lo vio nacer.