Menores en conflicto: Hacia una política integral

Por Dr. Juan Jose Álvarez
En los últimos años venimos percibiendo un notorio incremento en la participación de menores en hechos delictivos, con el agravante de que muchos de estos casos están acompañados con un grado de violencia alarmante, sensibilizándonos aún más respecto al problema de inseguri-dad.
El régimen jurídico de la minoridad en conflicto con la ley fue ideado cuando la seguridad en general, y la participación de los menores en particular, eran un fenómeno y un problema mar-ginal en la sociedad. Hasta principios de los noventa la Argentina gozaba de estándares de se-guridad mejores al de muchas ciudades europeas.
Conforme a dicha realidad se montó el régimen jurídico especial y el entramado institucional que aplica dicho régimen: los juzgados de menores y los institutos de menores. Es decir, todo estuvo impregnado por una realidad que hoy ya no es.
Este es uno de los problemas de los menores en conflicto con la ley penal.
Así es como cada vez que hechos de violencia en los que se encuentran involucrados menores cobran notoria entidad pública, diversas voces se alzan solicitando bajar la edad de inimputabi-lidad, derogar el régimen existente, y cuestiones similares, todas las cuales se caracterizan por reducir la solución a un cambio legislativo. Si el problema de la seguridad en general, y de la delincuencia asociada con menores de edad en particular, se redujese a incrementos de penas, dupliquemos inmediatamente las penas previstas en el Código Penal y sentémonos a esperar los resultados. Todos sabemos que esta seria una solución, cuanto menos, falaz.
Si perjuicio de considerar los cambios en la legislación de fondo y en las normas de procedi-miento que se requiere en función del nuevo contexto, no es recomendable -según la visión que sostengo del problema- reducir la política de seguridad a la política de penal o legislativa del Estado argentino. Por el contrario, debemos encarar el problema de la inseguridad de ma-nera integral, dado que el problema que se nos presente reviste múltiples facetas, dentro de las cuales encontramos cuestiones económicas y sociales. Este punto es de vital importancia para acercarnos a la solución que necesitamos.
En efecto, no podemos soslayar la difícil situación económica que atravesamos, lo que no habi-lita a sostener que hasta tanto nos e resuelva dicha situación, debemos relegar nuestras de-mandas de seguridad para otro momento.
La virtud se ubica, como sostenía Aristóteles, en el justo medio. El Estado debe dar cuenta de este problema, no obstante, la solución debe entender y comprender la situación social y eco-nómica excepcional por la que atravesamos. A situación excepcional, solución excepcional.
Esto significa que mientras discutimos qué régimen legal moderno y actualizado debe aplicársele a la minoridad en conflicto con la ley penal -función propia del área a mi cargo-, también debemos pensar que intervenciones preventivas –tanto de las áreas sociales, de salud o educación- deben diseñarse e implementarse para evitar que nuevos menores ingresen en la actividad criminal.
Más allá que pueda resultar una obviedad recordar que en los menores de hoy, se encuentra la sociedad que nos sigue, no es un dato menor asumir con enorme responsabilidad que estamos trabajando hoy, sobre la sociedad futura.
En este marco debe discutirse una política integral referida a este segmento de la población, uno de los más golpeados por la crisis que atravesamos.